Hoy he subido un vídeo a Instagram que, sin exagerar, resume mejor que muchos informes cómo funciona la regulación moderna.

En el vídeo aparece un chaval dedicado a la pesca de artes menores. Le obligan a llevar una pesa homologada, oficial, perfectamente legal, para pesar las piezas que captura en el barco. La báscula existe, está certificada, cumple todos los requisitos. El problema es que… no funciona. El barco se mueve, las olas suben y bajan, la velocidad cambia: la medición es inútil.

Y aun así, es obligatoria.

Independientemente del trasfondo de esta historia, hay que saber que este tipo de cosas no pasan por accidente. Pasan porque quien regula suele hacerlo desde un despacho con aire acondicionado a kilómetros del allí. Gente que no ha pisado un barco, que no ha salido a faenar en su vida. Pero eso no les impide decidir. Ni cobrar, claro.

Cuando hablamos de decisiones que afectan a actividades concretas, la escala es fundamental. No es lo mismo decidir sobre una práctica desde lejos y que afecta a millones que hacerlo allí donde ocurre y que afecta a un grupo pequeño.

Las decisiones tomadas a nivel local tienen algo que las grandes estructuras siempre pierden por el camino: conocimiento de causa e incentivos alineados. Quien decide convive con las consecuencias. Si se equivoca, lo nota. Si acierta, mejora su propio entorno. Al político, si algo sale mal “se la pela”, con perdón. Es más: quizás incluso se alegre, pues la gente le pedirá más intervención y una nueva solución.

La centralización separa la decisión del coste. Permite equivocarse sin aprender, sin tener skin in the game.

Cada vez que aparece un caso así, lo primero que piensa mucha gente es: necesitamos a un pescador en el ministerio. Alguien que sepa de lo que habla. Un experto. Un técnico.

La pregunta que casi nadie se hace es: ¿por qué coño tiene que haber un ministerio?

La respuesta tecnocrática suena razonable a muchas personas: si ponemos a los expertos al mando, los problemas se resolverán mejor. El problema es que un experto puede decirte cómo lograr un objetivo con mayor eficiencia, pero no puede decirte qué objetivo merece ser perseguido.

¿Prosperidad para la mayoría, aunque machaque a una minoría?
¿Crecimiento económico a toda costa? ¿Decrecimiento?
¿Protección de actividades aunque no sean rentables?
¿Felicidad, seguridad, estabilidad, sostenibilidad?

Estas no son preguntas técnicas, son preferencias y, en todo caso, preguntas morales y políticas. Y ningún título, por muchos másteres que acumule, otorga autoridad para responderlas en nombre de otros, y mucho menos imponerlas.

Y queda todavía la pregunta clave: ¿quién decide quién es un experto? ¿Quién los selecciona? ¿Quién fija qué saber cuenta y cuál no? ¿Quién es el experto en expertos?

La tecnocracia suele sonar especialmente bien a los listillos. A los resabidos. A quienes creen que, si el mundo estuviera así organizado, serían ellos los que mandarían. Es una fantasía común, alimentada por una arrogancia muy específica: la de quienes confunden información técnica con una sabiduría susceptible de ser exportada e instalada en la vida de los demás.

Dejadnos en paz.